Las falacias del nuevo Sistema Nacional de Ingreso Universitario

Yurimar Dorta, Félix Gutiérrez y Dailyn Sánchez.
18 jun 2015
9 Min. de lectura

“Este es un Estado que no excluye, que no desatiende en ningún caso. Queremos que ingresen todos y todas”, indicó el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), Manuel Fernández, en la última sesión del Consejo Nacional Universitario (CNU), en el que se ratificó el nuevo Sistema Nacional de Ingreso (SNI) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

En enero de este año, el ministerio anunció un cambio radical en el sistema de ingreso para las universidades públicas. El nuevo modelo, que pretende controlar la totalidad de cupos disponibles, cambió los parámetros de selección y asignó nuevos porcentajes a los siguientes criterios: 50% promedio de notas, 30% condiciones socioeconómicas, 15% territorialidad y 5% participación comunitaria.

“Este nuevo sistema de la OPSU nos incluye, es transparente, es más democrático, pero también se toma en cuenta si el estudiante es cultor, deportista, que eso también construye, eso también nos lleva a ser mejores venezolanos y a construir la Venezuela potencia que queremos, desde la educación, desde los más jóvenes”, expresó Eirimar Malavé, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FVEEM).

Sin embargo, la bandera que Fernández y Malavé levantan con orgullo parece perderse de vista cuando se evalúan los resultados de este mecanismo, un mecanismo que tendrá muchas cosas que aclarar de ahora en adelante.

Con las leyes en contra

“Hay una violación clara del artículo 103 de la Carta Magna, en el que se establece que todos tenemos derecho a una educación de calidad, gratuita y que para ingresar basta con tu vocación, aspiración y aptitudes”, declara sobre el nuevo sistema la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha.

Desde la UCV también alegan que la medida viola la Ley de Universidades, en donde se indica que el CNU recomienda a las universidades procedimientos de selección de aspirantes (artículo 20 numeral 6) y que los Consejos Universitarios solo pueden fijar el número de estudiantes para el primer año y establecer mecanismos de ingreso (artículo 26 numeral 9).

Hasta la fecha, el Mppeuct ha asignado 197 mil 162 cupos universitarios mediante el nuevo sistema de la OPSU, luego de dos procesos realizados este año: 181 mil 333 cupos el 15 de mayo y 15 mil 829 el 10 de junio. Este número representa más de 50% del total de 260.578 plazas disponibles, lo que también indica un desconocimiento a lo acordado en el CNU de mayo de 2008, cuando se fijó en 30% la previsión de cupos para el Estado.

"El ministro de Educación Universitaria impuso en diciembre de 2014 la nueva medida de la OPSU con el desacuerdo de las universidades autónomas por la ilegalidad de la misma. Pero no solo impuso que el CNU estableciera los cupos sino que además cambió los criterios de asignación", afirma Tulio Ramírez, profesor titular y coordinador de la Comisión del Vicerrectorado Académico de la UCV, encargada de realizar el estudio sobre los listados de asignación de la OPSU.

Anteriormente, el promedio de calificaciones de bachillerato tenía un valor de 95% para el ingreso por medio de la OPSU a las universidades públicas; ahora las notas solo representan 50% de estos criterios.

"Esta medida la consideramos injusta porque desvaloriza el nivel académico. En el listado de asignación de la UCV las personas que tienen los mejores promedios no fueron asignados y si lo hicieron quedaron en los últimos lugares", asegura Ramírez.

Notas de adorno

En la página web de la OPSU se pueden encontrar los indicadores de valoración del mérito académico para los asignados de la UCV. Por citar un ejemplo, en la carrera de Derecho en esta universidad, el primer admitido fue un bachiller con promedio de 18.16 puntos, mientras que otro bachiller con promedio de 20 puntos quedó asignado en el puesto 237.

Esto sucede porque utilizan el método de estratificación Graffar-Mendez Castellano, que es un instrumento que se usa para clasificar socioeconómicamente a la comunidad venezolana. Tal metodología otorga un puntaje según la profesión del jefe de familia, el nivel de instrucción de la madre, la principal fuente de ingreso del grupo familiar y las condiciones de alojamiento. Por lo tanto, mientras más bajo sea el ingreso de una persona, esta obtiene mayor puntaje.

Un bachiller que pertenezca al estrato A tiene menos puntos que uno del estrato E, cuyo índice académico para OPSU será más alto por su estatus socioeconómico y no por su promedio académico.

“En nuestros estudios nos dimos cuenta que si una persona tiene 20 puntos de promedio y es de inserción social A le otorgan 76 puntos para el índice académico, pero si otra persona tiene 17 puntos y es del sector C tiene igual 76 puntos, y si hay otro individuo que tenga 10 puntos de promedio y es del sector E, es decir más pobre, va a tener los mismos 76 puntos. Por lo tanto, estas tres personas tendrían igual índice académico para entrar a la universidad a pesar de que su promedio sea distinto”, manifiesta el profesor Ramírez.

Carmen Rosa Ramos, profesora del liceo público Unidad Educativa Nacional Manuel María Villalobos, ubicado en los Altos Mirandinos, tuvo una alumna con promedio de 15 puntos que quedó en la universidad. Por el contrario, otra de sus alumnas, del colegio privado Unidad Educativa Doctor José Manuel Siso Martínez, situado en San Antonio de Los Altos, no quedó asignada en ninguna universidad a pesar de tener un promedio de 17 puntos.

“No se está valorando el esfuerzo de los muchachos, lo que se está tomando en cuenta es que si es pobre hay que darle la oportunidad de entrar a la universidad y lamentablemente así no se hace un país”, manifestó la profesora Ramos.

Dayerling Parra Barrios es una joven de 16 años de edad que estudia en la Unidad Educativa El Ilustre Americano, ubicada en Los Teques, su promedio es de 17.70 puntos y no fue asignada en ninguna de las carreras que seleccionó para la Escuela Nacional de la Hacienda Pública, la UCV, la Universidad Simón Bolívar (USB) y para la Universidad de Los Andes (ULA).

"No ingresé a ninguna universidad a pesar de tener un buen promedio, pero una de mis compañeras de clase, que tiene un promedio de 16 puntos, sí quedó en Medicina en la UCV", declaró Parra.

Gianni Scolaro y Luis David Bastidas son otros jóvenes que comentaron su experiencia con el nuevo sistema de ingreso universitario. Ambos tienen 17 años y pertenecen a la Unidad Educativa Colegio La Concepción, ubicada en Montalbán I.

Scolaro posee un promedio académico de 16,68 puntos con el que logró obtener un cupo mediante OPSU para la UCV. No obstante, no cursará sus estudios universitarios allí ya que también ingresó en USB mediante la prueba interna. Expresó que la dificultad en ambos exámenes fue muy diferente: "La prueba de la USB me pareció mucho más compleja. La de la OPSU fue muy general e incluye un índice socioeconómico con el que no estoy de acuerdo. Lo que importa es el conocimiento y no tu estrato social ni el nivel económico".

Por otro lado, Bastidas, con un promedio de 18,25 puntos, no fue admitido por la evaluación de la OPSU. Sin embargo, sus esfuerzos también dieron frutos en la prueba interna de la Universidad Simón Bolívar, en la que optó por una de las carreras con mayor demanda, Arquitectura.

Los estudiantes Scolaro y Bastidas, junto a otros 2.040 estudiantes, fueron admitidos en la USB. Pese a esto, la OPSU pretende imponer otros 2.042 cupos a esta institución, omitiendo a los jóvenes que ingresaron mediante exámenes internos.

Alfredo Graffe, presidente de la Junta Directiva de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (FCU-USB), expresa su descontento ya que con el nuevo sistema “el rendimiento académico y toda tu preparación solo importa la mitad de tu futuro universitario”.

“Esto sería como preguntarle a Gustavo Dudamel cuánto es su promedio al bate para darle el cargo de Director del Sistema de Orquestas, o preguntarle a Miguel Cabrera cuántos años de piano estudió para poder jugar con los Tigres de Detroit. Si un joven va a estudiar en la universidad, el criterio principal debe ser el académico”, añade Graffe.

El análisis socioeconómico del estudiante parece ser primordial. El sistema pretende ser una fuente de apoyo para los jóvenes con menos recursos. Sin embargo, la credibilidad del mismo es muy cuestionable, puesto que se realiza mediante una encuesta que llena el propio estudiante que aspira tener un cupo en alguna universidad.

“Parte desde un error desde el principio. El instrumento puede ser fácilmente manipulable. Es igual a que pudiesen poner sus notas: muy pobre y con promedio de 20 y nadie va a verificar si esto es cierto o falso”, expresa Graffe.

Con respecto a las encuestas, la asistente de la coordinación de OPSU Miranda, Mirella Pereira, manifiesta que “esas preguntas las realizan porque el criterio de esta resolución se basa en que a quien tiene menos es a quien asignan. ¿Ahora los padres cómo les van a exigir a sus hijos que estudien y que saquen buenas notas? Los muchachos entonces dirán, ¿para qué voy a estudiar? si yo con decir que vivo en las peores condiciones quedó en la universidad”.

La planilla de registro en el SNI incorporó nuevas preguntas que tienen total relación con el nivel económico del estudiante. Algunas de estas preguntas corresponden al tipo de suministro de agua en el hogar, de qué están hechas las paredes y el color de las mismas, si posee o no inodoro, cómo es el techo, el piso de la casa, entre otras.

“El argumento ha sido permitir que las clases más desposeídas o de menos recursos ingresen a la universidad. Yo le voy a decir al ministro y a todos los que acompañan ese argumento lamentable que la universidad venezolana toda la vida ha admitido estudiantes de distintas clases sociales porque la universidad venezolana es plural”, indicamla rectora de la UCV, Cecilia García Archoa.

¿Intereses políticos?

En desacuerdo con el nuevo modelo multivariable de la OPSU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) introdujo un recurso jurídico de nulidad de ese nuevo mecanismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que declarara ilegal dicha resolución.

El investigador Tulio Ramírez considera que la verdadera razón de la reforma en el sistema de la OPSU no es la inclusión, ni tampoco es por justicia social o por causas académicas, sino por motivos políticos.

“El martes 9 de junio de este año se hizo una reunión del CNU, no asistieron las universidades autónomas y el ministro no convocó a las privadas, fueron solamente las universidades experimentales que son oficialistas. A través de un acta que nos llegó de esa reunión, supimos que uno de los rectores de las universidades, dijo que a través de ese mecanismo por fin se iban a tomar las universidades a través de los estudiantes revolucionarios”, expresa el profesor.

Según Ramírez, lo que está buscando el Mppeuct con esta medida es “llenar las universidades con estudiantes afectos al gobierno, que tal vez no serán todos pero si una gran parte, para que por fin puedan ganar las elecciones de federaciones de centros universitarios y autoridades universitarias que desde hace 16 años no han podido ganar”.

Una hipótesis que cobra validez cuando se entiende que existen parcialidades políticas desde bachillerato. La presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FVEEM), Eirimar Malavé, pertenece a la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), que está vinculada a la Comisión de Educación Media de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“La OBE persigue buscar a los estudiantes bolivarianos, con los pensamientos que han marcado a Bolívar, Simón Rodríguez y el mismo Chávez, que es ejemplo y fue el creador de la OBE”, explica la principal representante de los aproximadamente dos millones de estudiantes de educación media.

“Desde el congreso de la OBE vamos construyendo y cumpliendo con la ley del Plan de la Patria que busca crear la Venezuela potencia”, expone Malavé sobre el organismo que incluye a casi un millón de los estudiantes de la Federación.

Por otra parte, la asistente de la Coordinación OPSU Miranda, Mirella Pereira, coincide con el profesor Ramírez al mencionar que el fin de este cambio es “aparentemente político, ya que al apoyar de esta manera a la clase más baja para el ingreso en las universidades, sin necesariamente tener un buen promedio, lo que están logrando es más apoyo de estos sectores que son los que tienen mayor afinidad hacia el Gobierno”.

Según un informe de proyección para las elecciones nacionales de 2012 realizado por Mundo Universitario, la intención de voto hacia el ex presidente Hugo Chávez fue ampliamente mayor a la del candidato Henrique Capriles Radonski en los estratos D y E, correspondientes a los sectores pobres y pobres extremos. Para ese entonces, el candidato del gobierno y fundador del PSUV obtuvo una mayoría de 56,5% y 67,8% en ambos estratos sociales.

En las universidades se presenta un fenónemo aún más curioso: “Actualmente en la UCV descubrimos 216 casos de estudiantes que fueron asignados hasta 4 o 5 veces en mecanismos anteriores por medio de la OPSU. El primero de estos estudiantes asignado a la escuela de Derecho se graduó en 1989 y cuatro veces en cuatro procesos anteriores fue asignado por el propio CNU. Este año es la quinta vez que lo asignan, qué cosa tan extraña, además esa persona se ha inscrito, entonces ¿ese es un bachaquero del cupo o será más bien un militante político?”, se cuestiona el profesor Ramírez.